Lunes
10 de agosto de 2015
Grecia
y sus acreedores han entrado en la recta final de sus negociaciones
contrarreloj para sellar el tercer rescate por un valor de hasta 86.000
millones de euros y una vigencia de tres años, del que el Gobierno de Atenas
espera obtener más de la cuarta parte en el primer desembolso.
Tras
doce horas de reunión el domingo, que concluyeron pasadas las tres de la
madrugada de hoy, los ministros de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y de
Economía, Yorgos Stazakis, reiniciaron esta mañana las conversaciones con los
jefes de misión de las cuatro instituciones -Comisión Europea (CE), Banco
Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE).
La
reunión de hoy se prevé nuevamente maratoniana, quizás "nuevamente hasta
la madrugada", según fuentes gubernamentales que añadieron que las
conversaciones avanzan bien y ahora se trata de revisar "línea por
línea" el texto final.
Aunque
oficialmente no ha habido informaciones sobre los detalles de las
negociaciones, la idea general es acordar un paquete legal que constará de dos
artículos.
El
primero será el memorando de entendimiento en sí, es decir, el programa de
reformas que va unido al rescate, y el segundo un paquete de requisitos previos
con medidas concretas que deberán ser aplicadas antes de poder recibir el primer
desembolso.
Entre
estas medidas figuran, según filtraciones a los medios locales, la eliminación
en dos fases de la rebaja fiscal que tienen los agricultores en la compra del
gasóleo, así como la modificación de la ley recientemente aprobada que permite
la devolución de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien tramos.
El
cuarteto de instituciones quiere un trato más diferenciado entre los deudores,
de forma que los que tengan ingresos altos dispongan de menos plazos para la
devolución y que los intereses que se paguen por la demora aumenten de un 3 % a
un 5 % para los pagos que superen 5.000 euros.
Entre
los puntos que parecen haberse dejado para otoño figuran los cambios en el
sistema de jubilación anticipada y la liberalización de algunas profesiones.
Donde
todavía hay discusión es sobre el formato que deberá adquirir el futuro fondo
de privatizaciones, al que se transferirán activos públicos por valor de 50.000
millones de euros.
El
Gobierno ha propuesto que esto se logre en un horizonte de 30 años, con el fin
de poder sacarle más rendimiento a las propiedades públicas en el caso de tener
que privatizarla a corto plazo.
También
hay diferencias sobre la mejor forma de gestionar las carteras de deudas
morosas de los bancos, si mediante la creación de una especie de "banco
malo", como quiere el Gobierno, o, como prefieren las instituciones,
vendiendo estas carteras de crédito a fondos especializados en ello, conocidos
como "fondos buitre".
En
materia laboral, hay diferencias sobre los plazos que debe tener la vigencia de
los convenios colectivos caducados (ultraactividad): el Gobierno quiere que
sean seis y las instituciones exigen tres meses.
Grecia
espera obtener 24.000 millones de euros, todo fondos que servirán para devolver
préstamos internacionales, recapitalizar a la banca, y atender pagos pendientes
con proveedores, pero no para dar incentivos a la economía.
En
concreto, 10.000 millones se destinarían a la recapitalización de la banca,
7.200 millones a devolver el crédito puente obtenido de los socios en julio,
otros 5.000 millones al pago de vencimientos al FMI y al BCE para agosto y
septiembre.
El
resto se destinaría a cubrir parte de los pagos atrasados del Estado hacia sus
proveedores, cuyo monto total asciende a unos 5.000 millones de euros.
En
caso de que pueda cumplirse este calendario, el jueves el Parlamento podría
votar todo el proyecto y un día después el Eurogrupo podría darle oficialmente
luz verde, tras lo que seguirían las votaciones en una serie de Parlamentos
nacionales.
El
objetivo final es que el proceso de ratificación y el primer desembolso se
produzca antes del 20 de agosto, fecha en que Grecia debe devolver al BCE 3.400
millones de euros.
En
caso de que no se pueda cerrar un acuerdo tan deprisa -Alemania volvió a
reiterar hoy que es mejor hacer las cosas a conciencia y sin prisas- la opción
alternativa será solicitar un nuevo crédito puente similar al obtenido en
julio. Este crédito iría unido a otra serie de requisitos previos, al igual que
ocurrió el mes pasado en que el Parlamento aprobó dos paquetes de reformas a
cambio del citado desembolso.
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